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PLATAFORMA EN DEFENSA DE
LA SALUD Y LA SIERRA
Rueda de Prensa Jueves 29
de Septiembre 2005
La nueva jueza del Juzgado de Instrucción nº1 de Torremolinos retoma con
fuerza el proceso penal de las canteras de Alhaurín de la Torre.
Esta jueza ha emitido un Auto en el que cita a declarar como imputados
en diferentes fechas al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín
Villanova Rueda, a dos concejales y al arquitecto municipal, igualmente
declararán como imputados José Luís Méndez, anterior jefe del servicio
de minas, y D. Luis Martín, otro alto cargo del departamento de la Junta
de Andalucía. Así mismo, lo harán Sánchez Domínguez SA y la cantera
Aripresa y Compañía General de Canteras, del grupo Financiera y Minera.
Los funcionarios de la Junta, como son Dña Belén Martínez y D. Juan
Hortal.
Imputan los anteriores delegados de minas, como D. Alberto Aguayo y D.
Jacinto Mena y Dña Ana Gómez Gómez.
El delegado de medio ambiente de la Junta de Andalucía, Ignacio Trillo
Huertas y cargos de su confianza como Alfonso Brakeais.
Directores Generales de la Junta en Sevilla como D. Francisco Mencía
Morales, D. Julio Alba Riesco, D. Jesús Nieto y D. Juan Donaire Márquez.
A tal fin la jueza ha emitido el correspondiente exhorto a Sevilla.
Estas imputaciones demuestran la veracidad de las quejas de los
ciudadanos de Alhaurín de la Torre y la objetividad de la Plataforma en
Defensa de la Salud y la Sierra, ya que las canteras han producido
graves daños medioambientales irreparables en la sierra. Además, las
propias encuestas del I.N.E., determinan que la mayor preocupación de
los Alhaurinos es la contaminación por el polvo de las canteras. Las
mediciones de polvo así lo demuestran.
En cualquier caso, en este asunto no sólo se está poniendo en juego la
desaparición de un paisaje y una riqueza vegetal, si no que se están
violando dos derechos constitucionales claves de los ciudadanos, como
son el derecho a la salud y al disfrute de un medio ambiente dignos. El
derecho a la salud no es el derecho de ir al médico, sino de disponer de
las condiciones sanitarias y medioambientales que permitan una vida
sana.
En qué país vivimos cuando los ciudadanos tienen que pedir amparo a los
jueces en defensa de las actuaciones de los políticos, que teóricamente
le representan, que deben defender sus intereses (los de todos, los
generales), que deben cumplir y hacer cumplir la ley, y que lejos de
ello presuntamente delinquen, y ante la investigación y las actuaciones
de los jueces pactan con los causantes directos del daño, para que
puedan seguir causándolo. Esto es el protocolo de las canteras.
¿Cómo ni la Junta ni el Ayuntamiento han cerrado ninguna cantera, a
sabiendas de su total ilegalidad, ni siquiera ante la actuación de los
jueces? Quizá la respuesta sea porque al final nunca les pasa nada.
El procedimiento judicial sobre las canteras de Alhaurín debería
concluir con una sentencia ejemplarizante, que incluyese básicamente la
restauración, en lo posible, de la sierra, y la compensación económica
por los daños causados que se han traducido en beneficios milmillonarios
para sus propietarios, y no sabemos para cuantos más.
No se entiende la actitud de los políticos sin intereses muy
particulares de por medio, por eso creemos que la fiscalía
anticorrupción debería estudiar estos expedientes. Juan Piña.
Presidente.-
NO HAY FUTURO SIN RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.
EL PROGRESO NO PUEDE ESTAR BASADO EN LA DESTRUCCIÓN
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