Oficina de Prensa. 18.10.01 Mañana, viernes, entrará en servicio la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), organismo público adscrito al Negociado de Aperturas de la Concejalía de Comercio, que dirige Francisca Cano. Este servicio, aprobado en pleno el pasado 24 de julio, contará con un presupuesto inicial de 300.000 pesetas y se localizará en la segunda planta del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en la sede de la citada concejalía.

Según la concejala del área, en un municipio de las características de Alhaurín de la Torre, se hacía necesaria la puesta en marcha de una Oficina de Información al Consumidor, por la gran cantidad de empresas, negocios, establecimientos y comercios ya radicados (en torno a 1.600) y los múltiples servicios públicos que se prestan.

La OMIC tendrá como principal misión recibir y tramitar las quejas y reclamaciones presentadas, asesorando al reclamante, realizando transacciones entre las partes, enviando reclamación extrajudicial al reclamado que tiene la obligación de contestar al requerimiento en el plazo de 10 días y en última instancia en caso de desacuerdo entre partes, trasladar la documentación a la Delegación competente de la Junta de Andalucía.

Sus funciones serán, de conformidad con el artículo 14 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:

- Información, ayuda y orientación a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos.

- Indicación de las direcciones y principales funciones de otros centros, públicos o privados, de interés para el consumidor y usuario.

- Recepción, registro y acuse de recibo de quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios y su remisión a las entidades u organismos correspondientes.

- En general, la atención, defensa y protección de los consumidores y usuarios, de acuerdo con lo establecido en la Ley, y disposiciones que la desarrollan.

La oficina que se ponga en marcha, podría realizar tareas y campañas de educación y formación en materia de consumo para asociaciones de vecinos, comunidades de propietarios, asociaciones de mujeres o de amas de casa, asociaciones de empresarios, etcétera, y apoyar y servir de sede al sistema arbitral.

Según Francisca Cano, la defensa de los derechos de los consumidores se ha convertido en un tema relevante en las modernas sociedades democráticas. Alcanzando un cierto nivel de satisfacción de las necesidades básicas, la población tiende a preocuparse por problemas relacionados con la calidad de vida, siendo la calidad de los productos que se consumen y de los servicios que se adquieren, una de esas preocupaciones. Cada día existe una oferta más diversificada de productos y servicios, que se presentan ante la población mediante técnicas más sofisticadas de publicidad, reduciendo sensiblemente la capacidad del consumidor para ejercer de forma individual su libertad de elección en el mercado. A todo ello, hay que unir la desinformación del consumidor en cuanto al producto. 

El apoyo Constitucional de la OMIC, según la edil, se encuentra en el artículo 51 de la constitución de 27 de diciembre de 1978, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud, y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo, promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles.

En la provincia de Málaga, si se incluye la de Alhaurín de la Torre, ya existen un total de 14 OMIC, fundamentalmente de la Costa del Sol, pero también del interior. Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Antequera, Benalmádena, Coín, Fuengirola, Málaga capital, Marbella (y San Pedro Alcántara), Mijas-Costa, Nerja, Pizarra, Ronda y Torremolinos, son los municipios que disponen de tal servicio público.

Más adelante, a largo plazo y una vez constituida y consolidada la OMIC, un proyecto muy interesante sería la creación de un sistema arbitral de consumo que mediara en todos los asuntos, siempre y cuando las partes se sometan. Para esto sería necesario un convenio tripartito entre Ayuntamiento,  Junta de Andalucía (Servicio Provincial de Consumo), y el Instituto Nacional de consumo.