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Francia: Las autoridades deben rebajar la tensión durante las protestas estudiantiles
Amnistia Internacional. 07.10.26 
Las autoridades francesas deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y poner fin a la respuesta desproporcionada de la policía a las protestas estudiantiles que se ha visto en estos días; así lo ha manifestado Amnistía Internacional antes de las manifestaciones previstas para mañana en todo el país.
"Dado que niños, niñas y jóvenes van a salir a la calle en toda Francia, las autoridades deben garantizar su seguridad e integridad, y asimismo proteger y facilitar el ejercicio de su derecho a manifestarse de manera pacífica. Toda respuesta policial ha de ser legítima, necesaria y proporcionada, y las autoridades deben evitar todo uso excesivo e innecesario de la fuerza", ha dicho Anne Savinel-Barras, presidenta de Amnistía Internacional Francia.
"Las imágenes y testimonios difundidos ampliamente la semana pasada suscitan gran alarma por el uso de gas lacrimógeno, porras y técnicas de inmovilización que hace la policía. Se han lanzado granadas de gas lacrimógeno de manera irresponsable y se han disparado balas de goma que han causado lesiones graves.
"Las autoridades deben garantizar que toda respuesta a las manifestaciones es necesaria y proporcionada, y que los niños, niñas y jóvenes que reclaman pacíficamente su derecho a la educación son protegidos en lugar de ser golpeados, atacados con gas lacrimógeno o detenidos arbitrariamente. La prioridad debe ser rebajar la tensión, y las autoridades deben adoptar todas las medidas de precaución disponibles para no tener que recurrir a la fuerza."
Información complementaria
Desde el 21 de septiembre, estudiantes de secundaria de toda Francia ha salido a la calle para exigir que se respete su derecho a la educación contratando más profesorado, reduciendo las aulas y garantizando edificios escolares dignos, entre otras medidas. La policía ha reaccionado a las protestas haciendo uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, como el uso ilícito de granadas de gas lacrimógeno y balas de goma. El Ministerio del Interior anunció que más de 5.000 manifestantes habían sido arrestados y que el 85% eran menores de edad.
El 27 de octubre, el Senado someterá a debate un proyecto de ley que establece que quien participe en una reunión que cause daños a la propiedad será económicamente responsable y pagará una multa de hasta 10.000 euros, incluso aunque no existan pruebas de que esa persona directamente haya instigado, causado o contribuido a causar el daño.
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