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España: Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de la fuerza policial en la huelga general por la vivienda del 11N | | Amnistia Internacional. 19.11.26 | | Pide a los partidos un compromiso firme con el derecho a la protesta, reformando la ley mordaza y revisando protocolos policiales.Amnistía Internacional ha documentado 61 casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de diversos cuerpos de policía contra manifestantes pacíficos y periodistas durante la jornada de huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. Incluyen golpes de porra en la cabeza y la parte superior del cuerpo, también contra personas en el suelo, uso de espray pimienta contra personas pacíficas, lanzamiento de botes de gas lacrimógeno contra una multitud encapsulada y disparos de pelotas de goma por la espalda. El uso excesivo de la fuerza no es ocasional. Responde a un patrón que la organización denuncia desde hace más de una década y que se ha repetido de forma continuada durante el último año, como ha documentado Amnistía Internacional en al menos diez acciones de protesta. | Amnistía Internacional valora positivamente el anuncio del Ministerio del Interior de revisar el uso del espray pimienta en manifestaciones. Es un primer paso, pero no basta: las investigaciones anunciadas deben hacerse públicas con detalle y debe someterse a revisión todo el armamento menos letal usado en protestas. La organización pide a los partidos que concurren a las próximas elecciones generales que asuman la limitación del uso de la fuerza y el respeto al derecho a la protesta pacífica como un compromiso central. El nuevo gobierno debe hacerlo cumplir y garantizar la transparencia y rendición de cuentas para evitar la impunidad.
Amnistía Internacional denuncia un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía de distintos cuerpos durante la jornada de huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. La organización desplegó equipos de observación en distintos puntos del país, ha llevado a cabo 24 entrevistas a víctimas de violaciones de derechos humanos y testigos, y ha analizado una gran cantidad de material audiovisual de la jornada.
Entre los hechos documentados figuran golpes de porra contra personas que no suponían una amenaza a las fuerzas de seguridad, muchos de ellos en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, y también contra personas de espaldas que huían o se alejaban de los agentes. La organización ha documentado además el uso indiscriminado de espray pimienta contra personas y grupos de manifestantes pacíficos, en ocasiones a muy corta distancia. Los agentes lanzaron botes de gas lacrimógeno contra una multitud pacífica que acabó encapsulada, y dispararon pelotas de goma por la espalda. Estas actuaciones son incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por la policía en una manifestación.
La huelga general del 11 de noviembre fue, en su inmensa mayoría, una jornada de protesta pacífica. Amnistía Internacional es consciente de que algunas personas cometieron actos de violencia, especialmente en Barcelona tras la manifestación de la tarde, y reconoce el difícil papel de las fuerzas del orden, pero también recuerda su compromiso de responder a esa violencia de forma específica y proporcionada contra quienes la ejercen, según los estándares internacionales. Los hechos aislados de violencia no convierten una protesta en no pacífica ni justifican el uso de la fuerza contra quienes se manifiestan pacíficamente.
Piquetes informativos: porras y espray pimienta contra personas que no ejercían violencia
Durante la mañana del 11 de noviembre, Amnistía Internacional documentó golpes de porra y uso de espray pimienta contra integrantes de piquetes informativos que no suponían ninguna amenaza. Al menos 36 personas habrían resultado heridas y contusionadas por uso excesivo de la fuerza policial durante la mañana del día 11 de noviembre, dos por golpes de porra en la cabeza, decenas por contusiones en el resto del cuerpo y por irritaciones oculares, y cinco personas fueron trasladadas al hospital (tres en Málaga, una en País Vasco -Zamudio- y una en Granada),
La organización recuerda que los piquetes informativos forman parte del ejercicio del derecho de huelga y del derecho de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que las autoridades y la sociedad deben tolerar cierta perturbación mientras la protesta sea pacífica, como dificultar el acceso a un lugar o invadir temporalmente la calzada. El uso del espacio público para el tránsito no está por encima de su uso legítimo para la participación en asuntos públicos. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la dispersión por la fuerza de una protesta pacífica solo es admisible en circunstancias excepcionales, cuando las perturbaciones son graves y prolongadas.
Alicante. Junto a las instalaciones de la empresa Amazon, agentes de la Policía Nacional golpearon con porras a manifestantes que no ejercían violencia con el objetivo de disolver el piquete. Amnistía Internacional ha documentado un golpe a la altura de la cara de un manifestante con la porra sujeta en horizontal por ambos extremos, así como golpes reiterados de arriba abajo y en las piernas a al menos otras dos personas.
Madrid. La organización ha documentado actuaciones preocupantes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en cinco puntos de la ciudad:
Cocheras de Entrevías. Los agentes hicieron varias descargas arbitrarias de espray pimienta y golpes de porra contra personas que no ejercían violencia, con el objetivo de disolver un piquete que, según los sindicatos, ya se estaba abriendo para dejar pasar a los vehículos. Los sindicatos denunciaron que algunas personas necesitaron puntos de sutura en la cabeza. Cocheras de Fuencarral. Los agentes rociaron con espray pimienta a manifestantes pacíficos, y dieron golpes de porra a personas que estaban de espaldas, incluyendo tres golpes de arriba abajo y al menos otros dos a baja altura a persona s en actitud completamente pacífica. Una de las personas que recibió uno de estos golpes de porra fue Pau García , de 31 años, secretaria de Juventud de CCOO, cuando, junto con otros y otras compañeras, cogidas del brazo, intentaron avanzar por la calzada desde la acera. Tras haber dado apenas dos pasos, los agentes usaron la fuerza sin ningún aviso previo, empleando espray pimienta. A Pau le rociaron la cara y, cuando se dio la vuelta, estando ya de espaldas, un agente le golpeó en la cabeza con la porra, de arriba abajo, como muestran con nitidez las imágenes analizadas por Amnistía Internacional. Necesitó tres grapas y, por intentar protegerse la cabeza con la mano, tiene hematomas en los dedos. Desde entonces ha sufrido insomnio y crisis de ansiedad, acusando el impacto psicológico de esta agresión. Cocheras de Carabanchel. Los agentes sometieron a una descarga de espray pimienta a un grupo de personas en actitud pacífica. Según el Sindicato de Inquilinas, al menos ocho personas resultaron heridas leves. Mercamadrid. Un golpe de porra derribó a un manifestante que retrocedía tranquilamente con otras personas, y los agentes rociaron con espray pimienta de forma indiscriminada a una multitud pacífica. Gran Vía. La artista Samantha Hudson y otras dos mujeres fueron rociadas con espray pimienta en la cara, a muy poca distancia, sin estar ejerciendo violencia. Un joven de 24 años (que prefiere preservar su identidad), recibió un golpe de porra en la mano izquierda, mientras intentaba ayudar a otro chico que estaba siendo inmovilizado por la policía de forma violenta, recibiendo acto seguido otro golpe de porra, esta vez en la cabeza, a continuación otro en la espalda y, finalmente, al cubrirse la cabeza con la mano, recibió un impacto final en el dedo índice de su mano derecha, que ha sufrido una fractura por dos lados y por el que va a requerir cirugía. Santiago de Compostela. En las cocheras de Amio, los agentes golpearon reiteradamente a una persona en actitud pacífica, con al menos cuatro porrazos en las piernas.
Málaga. En las cocheras de la EMT, agentes de la Policía Nacional golpearon con porras de arriba abajo a personas que no ejercían violencia. Uno de los porrazos lo recibió una persona que estaba de espaldas al agente.
Granada. En el piquete de las vías del Metro, el secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, fue trasladado a urgencias hospitalarias, donde se le diagnosticó un traumatismo costal con sospecha de fractura de costilla debido a un puñetazo de un agente de policía, tal y como relata Néstor en una entrevista televisiva. Según su testimonio, la diputada autonómica Inma Manzano cayó al suelo tras ser empujada por los agentes. En el piquete de la Alhambra hubo cargas, y Amnistía Internacional ha documentado un golpe de porra a media altura a una persona en actitud pacífica.
Castellón. A la salida de El Corte Inglés, los agentes cargaron contra miembros del piquete informativo, propinando un policía golpes reiterados de porra de arriba a abajo contra uno de ellos.
Vitoria. AI ha podido visionar golpes de porra a al menos dos manifestantes pacíficos en la espalda, en el piquete en la Avenida Gasteiz.
Portugalete . La organización ha visionado golpes de porra por parte de agentes de la Ertzaintza a cuatro manifestantes en actitud pacífica: a un hombre que aplaudía, y al menos a otras tres personas en un momento en que los agentes parecen pretender que el grupo de manifestantes retroceda.
Madrid. Una multitud pacífica dispersada sin aviso y encapsulada en la manifestación de la tarde
Por la tarde, la Policía Nacional cortó el paso a la manifestación por el derecho a la vivienda comunicada y pacífica que discurría por la Gran Vía, la dispersó con porras, botes de gas lacrimógeno y balas de goma. Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional niegan haber escuchado algún aviso previo.
La manifestación debía terminar en la Plaza de España. A pocos metros, en la Gran Vía, un cordón policial con varios furgones impidió el paso a los manifestantes. Un grupo de ellos sí pudo alcanzar Plaza España, pero el grueso mayoritario de la manifestación vio su marcha impedida por una línea policial. Amnistía Internacional ha entrevistado a más de una decena de personas que participaban en la marcha. Ninguna sabía que se hubiera dado por terminada, y no entendían por qué la policía les impedía avanzar. Todos los testimonios coinciden en que la policía no dio ningún aviso ni indicación de dispersarse antes de la primera carga o estos avisos, de producirse, no fueron oídos. Tampoco describen violencia contra los agentes: solo dos personas recuerdan el lanzamiento aislado de alguna lata. Describen una manifestación pacífica, con familias, niñas y niños y personas mayores. Según eldiario.es, no hay registro de agresiones contra los agentes antes de cortar el paso.
Los agentes lanzaron botes de gas lacrimógeno contra una multitud pacífica, en calles con vías de salida limitadas por la propia presencia policial. Las personas entrevistadas describen quemazón, irritación y dificultad para respirar e incluso para ver. Es el caso de Ana Cano , de 27 años. Al comienzo de la carga se refugió en una parada de autobús para no ser arrollada por la multitud, pero cuando la policía empezó a lanzar gas lacrimógeno tuvo que salir corriendo hacia la calle del Doctor Carracido, que lleva a Leganitos. Allí se formó un embudo, con mucha gente intentando entrar a la vez en esa calle desde la Gran Vía. En la esquina había un furgón policial, y Ana quedó atrapada unos instantes contra su parachoques, sin poder ver por el gas, que le provocaba quemazón y le dificultaba respirar. Cuando por fin intentó salir, la multitud empezó a correr en sentido contrario, alertando de otra carga. Sin saber hacia dónde ir, sufrió un ataque de ansiedad.
La Observación General nº37 del Comité de Derechos Humanos establece que el gas lacrimógeno tiende a tener efectos indiscriminados, y que solo pueden emplearse como último recurso. Para Amnistía Internacional este armamento solo debe utilizarse en situaciones de violencia tan generalizada que no es posible actuar contra las personas concretas que la ejercen. Su uso debe ir precedido de avisos claros, dejar tiempo y vías de salida seguras, y nunca producirse donde las personas no pueden dispersarse. En Madrid no se dio ninguna de esas condiciones.
Los agentes usaron también porras y pelotas de goma contra personas que huían:
Miguel García, de 26 años, buscó refugio en la calle Leganitos, pero pronto se vio atrapado entre dos unidades policiales: una que subía desde Plaza España y otra que bajaba desde Callao. Mientras la policía se acercaba, escuchó a un policía gritar "ahora qué, valientes!". Miguel se puso contra una pared para evidenciar que no quería ninguna confrontación. Aún así, recibió tres golpes de porra: en la pierna, en la cara y, ya de espaldas, en el glúteo. Un vídeo de la escena muestra a un agente disparando una pelota de goma en horizontal, a muy corta distancia, contra un grupo que se retiraba de espaldas. Daniel Díaz, de 25 años,también estaba en la calle Leganitos cuando escuchó a una chica gritar "cuidado, van a cargar!", al darse la vuelta, vio a varios agentes cargar sus escopetas lanzadoras, por lo que comenzó a correr calle arriba. Mientras huía, recibió el impacto de una pelota de goma en el omóplato, que le dejó una marca típica del impacto de estos proyectiles, como ha podido constatar la organización en fotos cedidas por Daniel. El disparo impactó en la parte superior del cuerpo, una zona que debe evitarse cuando se usan proyectiles de impacto cinético. Una chica de 25 años (que prefiere preservar su identidad), recuerda el caos cuando comenzó la carga en Gran Vía, con la policía disparando hacia la gente que huía calle arriba. La confusión hizo que se separara de su grupo de amigas y, mientras corría, notó el impacto por detrás, en las piernas, de un proyectil que le produjo quemazón y dolor. Este proyectil, que no llegó a ver, le dejó en la parte posterior del muslo una marca circular enrojecida, visible en las fotografías que ha facilitado a la organización. Una chica de 26 años (y que también prefiere preservar su identidad), al ver a agentes antidisturbios preparados para cargar en Gran Vía, se refugió en el metro. Recuerda ver mucho humo dentro del propio metro, que le produjo mucho picor en nariz y boca. Afortunadamente tenía una mascarilla FFP2, que se puso en ese momento. Una de sus amigas se había quedado fuera, por lo que ella le pidió a los agentes que estaban en el metro que la dejaran salir para ir a buscarla, ya que estaba herida. No solo se negaron, si no que un agente le espetó "si la hemos pegado es porque, a lo mejor, se lo merecía". Carlos García , de 54 años, fiscal, permaneció cerca de 40 minutos junto al cordón policial que impedía el paso hacia la plaza de España. En todo ese tiempo no escuchó ninguna explicación ni aviso de dispersión por parte de la policía. Un bote de gas lacrimógeno impactó muy cerca de él: durante varios minutos sufrió lagrimeo intenso, dificultad para ver y dificultad para respirar. Algo más tarde, a la altura de Callao, encontró un control policial. Indicó a los agentes que quería ir al metro. Un agente le hizo un gesto afirmativo, pero cuando Carlos pasó a su lado, el policía le golpeó con la porra en la pierna. Carlos describe el golpe como no especialmente fuerte, pero sí como una agresión injustificada y humillante. Las pelotas de goma son intrínsecamente imprecisas, y Amnistía Internacional pide desde hace años su prohibición. Dispararlas a corta distancia o contra personas que huyen es totalmente incompatible con las Directrices del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el empleo de armamento menos le tal. La organización también ha visionado tres actuaciones policiales de golpes reiterados con porras a personas que están en el suelo, una en Plaza España y dos en Callao. Los protocolos de uso de la fuerza deben prohibir emplear las defensas de este modo.
Barcelona: un grupo de agentes de paisano encapuchados en la manifestación
En Cataluña, la actuación policial durante los piquetes de la mañana y del mediodía fue esencialmente de contención, y Amnistía Internacional no detectó un uso excesivo de la fuerza. Por la tarde la tónica fue similar. Aun así, la organización documentó el caso de un hombre golpeado con una porra en la rodilla pese a que mostraba con gestos que no suponía ninguna amenaza a los agentes y pedía que lo dejaran en paz. Los Mossos d'Esquadra han abierto una información reservada para investigar esta actuación.
Según la información de Amnistía Internacional, los Mossos d'Esquadra no utilizaron espray pimienta durante la jornada. La organización valoró positivamente la publicación del protocolo de uso del espray pimienta de los Mossos, el 4 de noviembre. El nuevo protocolo incorpora avances importantes: obliga a avisar a los manifestantes antes de usarlo, establece un intervalo para que las personas puedan apartarse y prohíbe emplearlo contra quienes ejercen resistencia pasiva. Sin embargo, admite excepciones a esa prohibición, no prohíbe expresamente proyectarlo a los ojos y no obliga a garantizar vías de salida seguras.
Tras la manifestación hubo disturbios graves en el centro de Barcelona. Según la Conselleria d'Interior, hubo 52 personas detenidas y 36 agentes heridos.
Lo que preocupa especialmente a Amnistía Internacional es un hecho anterior a esos disturbios. La organización ha analizado varios vídeos publicados en redes sociales, y ha hablado con un periodista testigo de los hechos. De acuerdo con la información disponible, otras personas identificaron como policías a un grupo de entre 30 y 40 personas, vestidas de forma similar y encapuchadas, y les increparon para que abandonaran la marcha. El grupo se replegó y sacó, de forma casi sincronizada, porras extensibles. Instantes después, agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra sobrepasaron a los agentes de paisano para avanzar hacia los manifestantes, cargando para dispersarlos.
La Conselleria d'Interior ha reconocido la presencia de un grupo de agentes de paisano de los Mossos, una vez iniciados los disturbios, que habrían sido agredidos por los manifestantes, lo que motivó la intervención de la Brigada Móvil (BRIMO, unidad de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra). Según la información a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, hasta la llegada del grupo de agentes de paisano a la esquina de Gran Vía y Passeig de Gracia, no se habían producido altercados en ese punto.
La presencia de agentes de paisano para prevenir o detectar delitos puede ser legítima, pero debe ajustarse a garantías estrictas. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los agentes del Estado no pueden incitar a cometer delitos. Un grupo numeroso, encapuchado, con porras extensibles y sin identificación, que actúa en bloque dentro de una protesta pacífica, plantea serias dudas sobre su finalidad y puede disuadir del ejercicio del derecho de reunión. Un periodista que presenció los hechos ha trasladado a Amnistía Internacional su percepción de que el objetivo era incitar a los disturbios. La organización no tiene constancia de que ningún agente cometiera directamente desórdenes ni protagonizara altercados.
Amnistía Internacional se ha dirigido a la Conselleria d'Interior para preguntar cuántos agentes de paisano intervinieron y en particular cuántos integraban el grupo, si pertenecen al Grupo de Delincuencia Urbana, con qué finalidad estaban en la manifestación y si es habitual su intervención en manifestaciones. También ha preguntado por qué actuaban en bloque y con el rostro cubierto, quién les daba instrucciones, por qué exhibieron porras extensibles y qué normas regulan la presencia de agentes de paisano en manifestaciones.
Periodistas agredidos mientras documentaban la actuación policial
Amnistía Internacional ha documentado agresiones policiales a periodistas que cubrían la jornada de huelga y manifestaciones y que trabajaban claramente identificables como tales.
En València, al final de un piquete en la plaza del Ayuntamiento, los agentes cargaron contra Raquel y Miguel Ángel, periodistas de El Salto. Habían acompañado al piquete toda la mañana con sus cámaras, y uno de ellos llevaba un brazalete fosforescente de prensa. Según su relato, la carga se produjo cuando algunos integrantes del piquete se acercaron a los agentes, que retenían a un hombre que iba en bicicleta. Ambos coinciden en que no hubo aviso previo ni violencia que la justificara. Raquel recibió un golpe de porra muy fuerte en las piernas y fue derribada. Su parte médico recoge la lesión, y varios días después sigue teniendo molestias. Miguel Ángel gritó varias veces "soy periodista", pero aun así recibió cinco porrazos en la pierna, la cadera y el brazo. Por la tarde no pudo seguir cubriendo la manifestación porque no aguantaba de pie.
En Madrid, Alejandra Martínez Velasco, periodista de Canal Red con amplia experiencia en la cobertura de protestas, fue identificada en tres ocasiones distintas por la policía durante la jornada de huelga, e incluso llegó a ser cacheada, sin que la policía alegase un motivo concreto para ello y pese a acreditarse como periodista. En la manifestación de la tarde en Madrid recibió tres golpes de porra, en el muslo derecho, en la corva izquierda y en el brazo izquierdo, sufriendo también la rotura de su teléfono móvil. Antes de las cargas en el entorno de la Plaza de España, Velasco escuchó a un mando policial decir a sus agentes: "Vamos para adelante y nos llevamos por delante lo que tenga que ser". Los vídeos cedidos por la periodista a Amnistía Internacional evidencian un uso de porras policiales de forma reiterada contra personas que estaban en el suelo, y también permiten ver la agresión sufrida por ella misma. María Escolar , periodista de La Séptima, cubría a mediodía el piquete informativo de la Gran Vía de Madrid. Los agentes empujaron a las personas manifestantes para sacarlas de la calzada hacia las aceras, lo que provocó momentos de tensión y aplastamiento entre la multitud, en la que había varios menores. Cuando Escolar se apartó para intentar obtener una perspectiva más amplia de lo que estaba sucediendo, un agente la empujó n por la espalda sin ningún aviso previo, como muestra un vídeo difundido públicamente. Una vez rebajada la tensión, ningún agente se dirigió a ella, y la policía tampoco procuró un espacio seguro para las y los periodistas que documentaban la actuación policial. Escolar señala además con preocupación los mensajes de algunos sindicatos policiales en redes sociales que justificaron el empujó que recibió.
Otras periodistas han denunciado públicamente agresiones durante la jornada de huelga en Madrid, como Graciela García , de RTVE , que explicó en el programa Mañaneros cómo recibió un golpe de porra por la espalda, por parte de un agente policial que le golpeó en un glúteo, pese a estar en un lateral de Gran Vía, en la acera y apartada del centro de la calle, y que evitó un segundo golpe levantando el micro que llevaba y gritando que era periodista. Explicó también haber sufrido los efectos de haber inhalado gas lacrimógeno. La Asociación de la Prensa de Madrid condenó las agresiones de agentes antidist urbios a periodistas debidamente acreditados que cubrían la manifestación de Madrid.
Las personas que informan sobre una protesta desempeñan un papel esencial, también para vigilar la actuación de las fuerzas de seguridad. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no se puede impedir ni limitar indebidamente ese trabajo, y cualquier persona tiene derecho a grabar a los agentes. No es la primera vez que Amnistía Internacional lo denuncia. En septiembre de 2025 documentó golpes de porra contra periodistas durante las protestas de la Vuelta ciclista en Madrid, y un mes después, un disparo de foam contra un periodista en Barcelona.
El anuncio del Ministerio del Interior: un primer paso positivo pero insuficiente
Después de la denuncia de Amnistía Internacional en redes sociales y de otros medios que se hicieron eco, el Ministerio del Interior ordenó inicialmente la prohibición del uso de gas lacrimógeno en el control de manifestaciones. Posteriormente rectificó: señaló que se podría seguir utilizando y que solo se revisaría el uso del espray pimienta. Amnistía Internacional valora este anuncio como un primer paso positivo pero no basta. Las porras, las pelotas de goma, el espray pimienta y los gases lacrimógenos deben revisarse en tres aspectos: su idoneidad para usarse en el contexto de protestas, sus protocolos de uso y la formación de los agentes.
La organización pide además que las investigaciones anunciadas sobre la actuación policial del 11 de noviembre sean independientes, alcancen a la cadena de mando y hagan públicas sus conclusiones con detalle.
Un problema estructural: una década de denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y un último año especialmente duro
Lo ocurrido el 11 de noviembre confirma patrones de uso excesivo de la fuerza que Amnistía Internacional denuncia desde hace más de una década, y de forma continuada durante el último año.
Dos elementos fueron nuevos por la forma en que se produjeron el 11 de noviembre: el lanzamiento de botes de gas lacrimógeno contra una multitud pacífica encapsulada en Madrid y la actuación en bloque de agentes de paisano encapuchados en Barcelona. El resto de la actuación policial repite, en varias ocasiones, deficiencias en su actuación que dan lugar a violaciones de derechos humanos: utilización de porras contra personas en actitud pacífica, a menudo en la cabeza, en la parte superior del cuerpo o contra personas ya reducidas. También el uso de espray pimienta para dispersar a grupos de manifestantes en protesta pacífica, pelotas de goma disparadas a corta distancia, agresiones a periodistas e investigaciones internas sin garantías de independencia ni imparcialidad y que, en varios casos, se desconoce su resultado.
Algunas de las denuncias de Amnistía Internacional en el último año
13 de noviembre de 2026, Toledo, mitin de Vox. La policía cargó contra unas 20 personas que protestaban. La organización pidió una investigación independiente con informe público, identificación visible de los agentes y respeto al derecho a grabar.
20 de octubre de 2026, Madrid, huelga por la educación pública. La policía usó la fuerza de forma desproporcionada para despejar la puerta del edificio ante el que se desarrollaba la protesta, para facilitar la salida de las autoridades, con golpes de porra reiterados contra personas en actitud totalmente pacífica.
15 de octubre de 2026, Universidad Complutense de Madrid. Los agentes usaron porras contra estudiantes que sujetaban una pancarta. Amnistía Internacional recordó que no comunicar una protesta no legitima el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, y pidió una investigación independiente.
Septiembre y octubre de 2026, Barcelona, juicio de Roger Español. La organización formó parte de la misión internacional que observó el juicio por la pérdida de un ojo de Roger Español a causa de una pelota de goma el 1 de octubre de 2017.
27 de agosto de 2026, Elche, previa del partido de fútbol entre Elche-Barça. Un aficionado menor de edad ya reducido recibió golpes en la cabeza. La organización recordó que exhibir una estelada es libertad de expresión y pidió una investigación externa e independiente sobre este hecho.
31 de mayo de 2026, València, huelga educativa. Una profesora de 68 años sufrió una fractura nasal tras un empujón por la espalda. Amnistía Internacional recordó que un corte temporal de tráfico no justifica agredir a una persona por la espalda.
23 de mayo de 2026, aeropuerto de Loiu, Bilbao. Agentes de la Ertzaintza dieron porrazos reiterados a personas ya en el suelo. La organización pidió prohibir en los protocolos el uso de porras contra personas inmovilizadas.
15 de octubre de 2025, Barcelona, protestas en solidaridad con la población palestina. Los agentes rociaron una sentada con espray irritante a corta distancia y sin previo aviso. La Audiencia Provincial ha ordenado la reapertura de la investigación.
14 de septiembre de 2025, Madrid, Vuelta ciclista. Los agentes usaron porras contra manifestantes pacíficos y periodistas, con golpes en la espalda y la cabeza, y espray pimienta para dispersar a grupos pacíficos.
En el Examen Periódico Universal de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya señaló que en España persiste la falta de rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
El derecho a la protesta pacífica debe ser un compromiso de los partidos que concurren a las elecciones generales
Valoramos positivamente que algunos partidos políticos como PSOE, Frente Amplio, Podemos, PNV, EH – Bildu, ERC, entre otros, recojan en sus programas medidas para poner fin a la criminalización de la protesta, así como la reforma de la ley mordaza. Es fundamental que en la próxima legislatura se regule el uso de la fuerza ejercida por la policía de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
Para Amnistía Internacional, el nuevo gobierno debe abordar el uso excesivo de la fuerza con seriedad, adoptar medidas para evitar que estos abusos se repitan y garantizar la transparencia y rendición de cuentas. Por ello, la organización pide a los partidos que concurren a las elecciones que asuman garantizar el derecho a la protesta pacífica y la limitación del uso de la fuerza como un compromiso central.
Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional pide a las autoridades que garanticen el derecho a la protesta pacífica y adopten las siguientes medidas.
Al Ministerio del Interior y a las Delegaciones del Gobierno:
Investigación efectiva. Que, al menos, todas las actuaciones policiales potencialmente lesivas contra manifestantes pacíficos ocurridas del 11 de noviembre se investiguen de forma pronta, exhaustiva e imparcial, y que se publiquen las conclusiones. La investigación debe alcanzar a la cadena de mando, incluidas las órdenes dadas a los agentes. Revisión de protocolos sobre uso de la fuerza: llevar a cabo una revisión en profundidad de los protocolos y regulaciones relativas a las actuaciones policiales en contexto de manifestaciones y acciones de protesta. Particularmente, asegurar que el empleo de armamento menos letal está en línea con lo dispuesto por estándares internacionales de derechos humanos: Botes de gas lacrimógeno. Que la orden de no usar gas lacrimógeno se concrete en un protocolo público. Mientras se mantenga cualquier uso de agentes químicos lanzados, este debe cumplir cuatro condiciones. Solo debe producirse ante una violencia generalizada que no pueda abordarse actuando contra las personas concretas que la ejercen. Debe ir siempre precedido de avisos claros, con tiempo y vías de salida seguras. Nunca debe darse en espacios donde las personas no puedan dispersarse ni contra multitudes encapsuladas. Y los botes nunca deben dispararse directamente contra las personas.
Espray pimienta. Que la Policía Nacional y la Guardia Civil adopten y publiquen un protocolo que recoja, al menos, los avances del protocolo de los Mossos d'Esquadra y corrija sus carencias. Debe incluir aviso previo, un intervalo para apartarse, la prohibición sin excepciones de usarlo contra la resistencia pasiva, la prohibición de proyectarlo a los ojos y la obligación de garantizar vías de salida seguras. Nunca debe usarse para dispersar a personas que se manifiestan pacíficamente.
Porras. Que solo se usen contra quien inflige o amenaza con infligir un daño inminente, y nunca contra la cabeza, el cuello o la parte superior del cuerpo. Los protocolos deben prohibir su uso contra personas en el suelo, inmovilizadas, de espaldas o que se retiran.
Balas de goma. Que se prohíban por ser intrínsecamente imprecisas. Mientras no se prohíban, nunca deben dispararse a corta distancia, a la parte superior del cuerpo ni contra personas que huyen, ni con la finalidad de dispersar una multitud pacífica.
Periodistas. Que se proteja a los periodistas para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad.
A la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya:
Que responda a las preguntas planteadas por Amnistía Internacional sobre el grupo de agentes de paisano presente en la manifestación de Barcelona y que investigue su actuación.
Que regule la presencia de agentes de paisano en manifestaciones. No deben incitar a cometer delitos, deben identificarse cuando intervienen y no deben actuar en bloque con el rostro cubierto.
Que corrija las carencias de su protocolo de uso del espray pimienta.
Al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco:
Una investigación sobre las actuaciones policiales de uso excesivo de la fuerza durante la jornada del 11 de noviembre, haciendo públicos los resultados, así como informar del desarrollo de las investigaciones por los hechos del aeropuerto de Bilbao contra activistas de la Flotilla, del 23 de mayo de 2026.
Una revisión de los protocolos policiales sobre el uso de porras policiales, para prohibir expresamente que se puedan utilizar contra personas inmovilizadas o que no representan ninguna amenaza, están de espaldas y en zonas del cuerpo como la cabeza, el cuello o la columna.
A todos los partidos políticos
Asumir un compromiso real para adoptar medidas efectivas que garanticen:
Regular el uso de la fuerza de la policía de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos
Reformar, en línea con los estándares internacionales de los derechos humanos, la vigente Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, conocida como la "ley mordaza". |
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